Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España
Se acaba de publicar un Informe FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) bajo el título Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España. Su autor es Óscar Arroyo Ortega.
El estudio es, no sólo un magnífico e interesante ejercicio de revisión del marco legal que regula y define los servicios bibliotecarios en España, sino también una herramienta básica para la reflexión sobre el marco y los mecanismos de las políticas bibliotecarias, así como una propuesta y justificación clara y firme de acción para la universalización de los servicios bibliotecarios en España a la que las asociaciones y colegios profesionales podemos realizar un gran aporte.
La Biblioteca Pública es un derecho de toda la ciudadanía
que garantiza el acceso a la información, la cultura y el conocimiento de manera significativa, igualitaria y objetiva.
El Informe, además de realizar un repaso muy completo sobre la actual legislación bibliotecaria en todas las Comunidades Autónomas, muestra unos datos económicos que no son nada positivos por lo que se refieren a Andalucía.
Prácticamente a la cola de inversión por habitante, en nuestra región sólo hay un gasto de 5’97 € por habitante cuando en Cataluña es prácticamente el triple (16’42 € x habitante) y la media en España casi el doble (10’20 €).
Como dice el autor, una simple comparación con los 40 euros por habitante aproximadamente destinados a fiestas patronales o con los 993 euros por habitante en educación en 2015, nos da una imagen clara de lo que estamos hablando. De dónde estamos y dónde se podría llegar con muy poco de forma constante a lo largo de los años y mediante planificaciones serias.
El Informe completo, que se encuentra disponible en este enlace, concluye con una serie de propuestas:
1. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 26.1 b) y establecer la obligatoriedad de que los municipios mayores de 2.000 habitantes cuenten con biblioteca pública municipal.
2. Establecer en la legislación estatal de carácter básico la obligación del conjunto de administraciones públicas de ofrecer servicios bibliotecarios de carácter público en todos los municipios del Estado, teniendo para las Diputaciones provinciales, la consideración de servicio mínimo a los efectos del artículo 32.2 b) de la Ley de bases de régimen local.
3. Renovación de las legislaciones bibliotecarias autonómicas. De modo general es necesaria la actualización de las normas bibliotecarias en las Comunidades Autónomas con leyes con más de 15 años de vigencia.
4. Simplificación de las estructuras bibliotecarias de los sistemas y las redes bibliotecarias autonómicas, estableciendo únicamente los niveles autonómicos, provincial y municipal.
5. Redefinición del modelo de servicio bibliotecario móvil. Los bibliobuses han servido durante muchos años como solución agradecida a los problemas endémicos de la falta de bibliotecas públicas.
6. Potenciación de los servicios virtuales y de extensión bibliotecaria. La crisis sanitaria sufrida a nivel global desde finales de 2019 ha supuesto un replanteamiento del conjunto de actividades y formas de relacionarnos en nuestra sociedad.
